El técnico informático Diego Lagomarsino, que colaboraba con el fiscal Alberto Nisman, admitió hoy ante la justicia argentina haber prestado a su superior el arma de la que salió el disparo que terminó con su vida, aunque negó cualquier implicación en un caso que ya se investiga como homicidio.
En una declaración de más de diez horas, el imputado como partícipe necesario por la muerte aseguró ante el juez federal Julián Ercolini que tenía con el fiscal una relación de "amo y esclavo", que nunca tuvo vínculos con servicios de inteligencia y que la causa "le destruyó la vida", según la agencia estatal Télam.
"No me importa cómo murió, igual me cagaron la vida", dijo el informático, que llegó al llanto en varias ocasiones, y declaró que tras lo ocurrido perdió la mayoría de sus empleos e incluso pensó en el suicidio.
Lagomarsino reiteró que fue el propio fiscal Nisman el que, para proteger a sus hijas, le pidió que le llevase la pistola a su casa, algo por lo que su ayudante ya fue imputado en 2015.
Otro de los puntos que el acusado quiso aclarar en varias oportunidades fue que no había mantenido ninguna relación homosexual con Nisman.
La declaración de Lagomarsino fue requerida por el juez después de que la pasada semana la justicia determinara que lo ocurrido fue un homicidio y no una "muerte dudosa", como se denominaba hasta ahora, y señalara como sospechoso al informático.
En concreto, el magistrado pidió su comparecencia tras una petición del fiscal Eduardo Taiano, que en un dictamen señaló que la muerte de Nisman fue "provocada, cuanto menos, por una persona" el 18 de enero de 2015, cuando apareció con un tiro en la cabeza en su casa de Buenos Aires, cuatro días después de acusar a la entonces presidenta, Cristina Fernández, de encubrir a terroristas iraníes.
En ese sentido, el procurador solicitó al magistrado calificar el caso de "homicidio" y citar al asesor informático del fallecido fiscal para que declarara como "partícipe primario del homicidio", al haber aportado el arma con la que se consumó el delito por autores que aún no han sido identificados.
Ercolini aceptó la petición y también llamó a declarar, entre el 20 y 21 de este mes, a cuatro agentes de la Policía Federal que tenía asignados Nisman en el momento de morir, por incumplimiento en sus deberes al no protegerlo debidamente.
De momento, Ercolini no ordenó detener a ninguno, aunque pidió colocar a Lagomarsino -que tiene prohibida la salida del país desde 2015- una tobillera electrónica para controlar sus movimientos.
Hace unos meses, y para intentar avanzar en las causas de la muerte (si se trató de un suicidio o un homicidio, como defiende la familia del difunto), Taiano pidió a la Gendarmería (policía militarizada) realizar un informe recreando la escena del crimen y profundizando en los detalles de la muerte.
Finalmente, en septiembre, una junta de policías y peritos estableció que dos personas golpearon, drogaron con ketamina y asesinaron a Nisman en su casa a las 02.46 hora local del 18 de enero, lo que alejó la teoría del suicidio.
Taiano reseñó, con base en ese documento, que una de las personas involucradas en el crimen manipuló el arma y la otra lo asistió y manipuló el cuerpo de la víctima, que horas después de morir tenía previsto comparecer en el Congreso para detallar la denuncia contra Fernández.
En su acusación a la expresidenta, el fiscal creía que la firma de un acuerdo entre Argentina e Irán en 2013 que buscaba una colaboración conjunta para esclarecer el ataque a la AMIA, que también sigue impune, suponía en realidad un pacto para encubrir a los iraníes sospechosos del ataque con el fin de favorecer el intercambio comercial bilateral.
No obstante, Cristina Fernández siempre ha negado estas acusaciones.
