Una organización de defensa de los derechos humanos denunció hoy que hay "pruebas crecientes" para calificar de genocidio la persecución que la minoría musulmana rohinyá sufre en el estado de Rakhine, en el oeste de Birmania.
En un nuevo informe, Fortyfy Rights documentó "ataques generalizados y sistemáticos contra civiles rohinyá" en las dos operaciones que el Ejército lanzó tras asaltos armados de rebeldes de esta minoría en octubre de 2016 y agosto de 2017.
La investigación, basada en más de 200 entrevistas a testigos y supervivientes, y realizada conjuntamente con el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos, denuncia que los militares asesinaron en masa a civiles rohinyá.
Según los testigos, los militares degollaron, decapitaron o quemaron vivos a civiles, dispararon desde helicópteros o a poca distancia contra personas que huían, y violaron a mujeres y niñas, entre otros abusos.
"Estos crímenes aumentan con la impunidad y la inacción", denunció el director ejecutivo de la organización, Matthew Smith, en un comunicado.
El informe propone a la comunidad internacional varias medidas para poner fin a la violencia, incluidas sanciones contra individuos responsables por los crímenes, el embargo de armas a Birmania y trasladar el caso a la Corte Penal Internacional.
"No basta con condenas. Sin una acción internacional urgente para que se rindan cuentas es probable que hay más asesinatos en masa", añadió Smith.
El Ejército birmano negó haber cometido abusos contra los rohinyá durante su campaña en Rakhine, pese a que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU la calificó como una "limpieza étnica de manual".
Esta última ofensiva militar llevó a más de 600.000 personas a huir de Rakhine, donde antes de esta última crisis vivía un millón de rohinyá, y a refugiarse en campos en Bangladesh.
Unos 120.000 rohinyá más se encuentran hacinados en una treintena de campos de desplazados en Rakhine desde el brote de violencia sectaria de 2012 entre esta minoría y la mayoría budista de este estado.
Birmania no reconoce la ciudadanía a los rohinyá, a los que considera inmigrantes bengalíes, y les somete a una discriminación creciente, incluidas restricciones a la libertad de movimientos.
