A raíz de la publicación por este medio el viernes pasado en la que se manifestaba la polémica en torno a las actuaciones musicales que se venían haciendo -se prohibió tras hacerse a la luz el artículo en cuestión-, la gestora de la junta directiva de la comunidad de vecinos de Puerto Alto, quiere puntualizar, corregir e informar de las actuaciones que se han venido llevando en el local y acogiéndose a su derecho de réplica.
La gestora, en un contrato privado firmado por la anterior junta directiva en julio de 2018, atestigua en su cláusula décima que “queda prohibido al cesionario (persona que tiene arrendado el bar), cualquier tipo de cesión, parcial o total de las instalaciones objeto del presente contrato, así como la utilización de las mismas para cualquier fin no especificado en este contrato, salvo autorización expresa de la junta directiva o su presidente y siempre por escrito”.
La música en vivo, si bien no rebasa más allá de las 23.30 horas del viernes, “causa un gran problema para algunos vecinos que colindan con el local y algunos de ellos enfermos”, reconocen estos.
El descontento y el “malestar” se prolonga, además, una vez acabado el espectáculo. Aseguran que “los incumplimientos han sido varios y reiterados. Solo queremos que se cumpla con lo firmado y con la ley; lo que ella dice y por supuesto lo que recoge el contrato firmado”, manifiestan miembros de la citada gestora.
El bar-chiringuito que linda con la piscina, según reconocen, se tramitó una licencia de bar-cafetería en 1997, no ejecutándose, por lo que el establecimiento si bien tiene un contrato -sin arrendamiento pero sí con fianza- no posee licencia urbanística.
Desde la década de los 80 ha servido, tanto en invierno como en verano, de lugar de encuentro de los vecinos de los cuales algunos han sido los encargados de gestionar dicho comercio.
Sin seguro civil
Más allá de la propia actividad comercial, enfocada para los usuarios de la urbanización, apostillan, las actuaciones musicales necesitaría, igualmente, de un permiso, tal y como se deja reconocido en el contrato, además de una autorización expresa de las autoridades municipales. “Nada se cumple de eso. Es más, se alienta a que accedan personas de la calle, con el lógico vaivén de personas”, se quejan.
Otro de los asuntos que ponen sobre la mesa es el referente tanto a la cuantía de la fianza (estipulada en 1.000 euros), que no se abonó a su debido plazo, como la luz y el agua o el concerniente al seguro civil del que dicen no poseer el local.
Tanto la persona que gestiona el local como la propia gestora se han enviado en distintas ocasiones sendos burofaxes advirtiendo de los incumplimientos, según estos, de un contrato “del que no se ha cumplido prácticamente nada”, exponen los miembros de la junta gestora.
