La Fiscalía pide una pena de cuatro años de prisión y una multa de más de 4.000 euros para una auxiliar administrativa acusada de la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por espiar los datos médicos de la novia de su ex pareja en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Así consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que se señala que la procesada, sin antecedentes penales, realizó supuestamente una búsqueda de todos los datos personales y de asistencia médica disponibles de la novia de su ex pareja "con el ánimo de desvelar cualquier circunstancia relativa a su salud".
Según la Fiscalía, la acusada realizó esta búsqueda en la base de datos soportada por la sede electrónica del SAS desde su puesto de trabajo en el consultorio de salud de Alhendín, en Granada, entre las 8,34 y las 9,35 horas del 15 de agosto de 2015, y las 9,35 y las 12,29 horas del 21 de ese mismo mes.
"Así, sin consentimiento de esta, la acusada consiguió obtener información confidencial relativa a las citas médicas que había concertado, en particular todo lo referido a recientes asistencias obstetricias que había recibido al quedar embarazada", asegura el escrito.
La Fiscalía también señala que la acusada, que no pudo conseguir datos más precisos debido a las restricciones de su perfil al encontrarse realizando una sustitución temporal por vacaciones como auxiliar administrativa, llamó por teléfono sobre las 13,50 horas del día 21 al centro de salud 'Albayda-La Cruz' haciéndose pasar por la novia de su ex pareja para obtener más información.
Este centro, que servía de referencia para la asistencia sanitaria de la pareja de su ex novio, recibió la llamada y la acusada facilitó el DNI de la otra mujer, embarazada, "para conocer noticias sobre el estado de gestación de la misma".
Por todo ello, la Fiscalía la acusa de un supuesto delito continuado de revelación de secretos cometido por un funcionario público y le pide por ello una pena de cuatro años de prisión, la inhabilitación para poder ejercer su trabajo durante ocho años y una multa total de 4.320 euros.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada tenía previsto acoger este juicio el pasado 6 de febrero de 2020, si bien no se llegó a celebrar, y ahora es la Sección Segunda la que lo ha señalado para el próximo 25 de marzo.
