El Partido Popular andaluz defenderá el próximo jueves en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que pide a la Junta que, con el fin de impulsar el proceso de desarrollo urbanístico de las parcelaciones ubicadas en suelos urbanos no consolidados o urbanizables, posibilite, entre otras medidas, "la dotación adelantada de servicios en cuanto se cuente con el proyecto de reparcelación aprobado definitivamente y un avance del de urbanización".
También pedirá, según consta en el texto de la iniciativa, consultada por Europa Press, que se establezca la cuantía de las sanciones urbanísticas establecidas para los tipos específicos en un porcentaje fijo, iniciando una reflexión sobre la cuantía de la sanción cuando el presunto infractor haya destinado la construcción a primera y única vivienda y sea su residencia habitual.
Junto a ello, los 'populares' reclaman a la Administración autonómica que extienda la posibilidad prevista en la LOUA "para el suelo urbano no consolidado de modificación de la cesión del aprovechamiento urbanístico al cinco por ciento%, al suelo urbanizable con parcelación en la que el suelo esté colmatado"; que desarrolle, a nivel provincial de Córdoba, el órgano administrativo autonómico ya creado que coordine los informes sectoriales a evacuar por el Gobierno andaluz para los ámbitos de las parcelaciones; y, finalmente, que excluya de los núcleos consolidados en regularización la obligatoriedad de reserva de vivienda protegida o modular el porcentaje obligatorio mínimo a incorporar en sectores de densidad baja o muy baja.
Además, con el fin de impulsar el desarrollo urbanístico, en esta ocasión, en suelos urbanos no urbanizables, el PP-A pide igualmente a la Junta que se cree un órgano que coordine los informes sectoriales a evacuar por los distintos departamentos de la Junta de Andalucía para los ámbitos de las parcelaciones especialmente en suelo no urbanizable y que se establezcan las cuantías de las sanciones en esta materia "cuando el presunto infractor haya destinado la construcción a primera y única vivienda y sea su residencia habitual".
Estas peticiones responden a que, según el PP-A, en la actualidad existe "una situación de inconcreción en cuanto a competencias y delimitación de tareas para culminar la conclusión de lo que el PGOU establece para la legalización de las parcelaciones ubicadas en suelo urbanizable, también para la dotación de servicios básicos de las ubicadas en suelo no urbanizable, y la extensión de la figura de nueva creación en la legislatura urbanística andaluza denominada AFO (Asimilado al Fuera de Ordenación)".
Por ello, y tras advertir de que durante algunos meses se han puesto sobre la mesa diversas cuestiones sobre el posible modelo a seguir en materia de urbanización, ha considerado necesario "culminar" estos procesos de legalización y establecer una "unidad de criterio entre los técnicos de la Consejería competente y los del Ayuntamiento, en cuanto a la disposición de colaborar conjuntamente en cuantas propuestas se hagan llegar, dentro del respeto que la autonomía local tienen en materia de planeamiento y desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana en vigor".
De ahí, que los 'populares' valoren los trabajos desarrollados en el ámbito de la Mesa de El Higuerón por haber permitido la elaboración de un documento-propuesta para dotar de servicios básicos y legalización a las distintas urbanizaciones como documento que sirva de propuestas de actuación tanto por el Ayuntamiento de Córdoba como por la Junta de Andalucía pero que urjan a la Junta a "concretar las actuaciones a realizar por cada una de las administraciones".
