Según informan hoy los medios de comunicación italianos, anoche se repitieron los enfrentamientos entre manifestantes y Policía en las inmediaciones del vertedero de la localidad de Terzigno, epicentro de la violencia desatada contra la apertura de un nuevo basurero, que se convertirá en el mayor de Europa.
Estos altercados, en los que hubo, de nuevo, lanzamiento de piedras y botellas por parte de los vecinos y que duraron unas tres horas, se produjeron después de que también anoche el jefe de la Protección Civil, Guido Bertolaso, en representación del Ejecutivo de Silvio Berlusconi, se reuniera con las autoridades municipales.
De esa reunión, celebrada en la delegación del Gobierno en Nápoles, salió un documento de acuerdo que deberá ahora ser firmado por los alcaldes de las localidades del área del Vesubio y que prevé la suspensión "por tiempo indeterminado" de la apertura del nuevo vertedero.
Además, el Gobierno italiano se compromete a interrumpir la actividad del actual vertedero durante tres días para realizar "las pruebas técnicas necesarias en materia de naturaleza ambiental y sanitaria" y la descarga de toda la basura acumulada en las calles en otra instalación cercana.
Esos dos puntos quedan supeditados al cese "inmediato" de las protestas por parte de los ciudadanos, aunque hoy está prevista una nueva manifestación de los vecinos en Terzigno en contra del nuevo vertedero.
"No vamos de ningún modo a crear problemas en los demás vertederos o en otras provincias", dijo Bertolaso tras la reunión de anoche, en declaraciones que recogen los medios italianos.
En la mañana de este lunes se celebrará una nueva reunión entre las partes para llegar a la firma del acuerdo, después de que los alcaldes informen hoy a sus vecinos sobre los términos del texto.
Este viernes, tras la celebración de un gabinete de crisis en Roma, Berlusconi prometió una compensación de 14 millones de euros para los municipios afectados por el nuevo vertedero y aseguró que el problema se resolvería en diez días.
Ayer, la Comisión Europea (CE) advirtió a las autoridades italianas de que podría denunciar a Italia ante el Tribunal de Justicia de la UE, como ya ocurrió con hace tres años con la anterior crisis de las basuras, que concluyó con una condena en marzo pasado.
