Según han explicado en rueda de prensa los portavoces de la Red de Apoyo y del Movimiento de Acción Estudiantil, el abogado de algunos de los acusados, Luis Ocaña, y el profesor de la US Vicente Manzano, estos jóvenes han sido "criminalizados durante los últimos diez años cuando su pecado más grave había sido defender la educación y la universidad pública". Ante ello, han pedido su "absolución", ya que están inmersos en un proceso judicial que comenzará el próximo lunes y que, 'a priori', se prolongará durante las dos próximas semanas.
Han recordado que el curso académico 2001-2002 estuvo marcado en la Universidad de Sevilla, al igual que en todas las del estado, por una "movilización masiva de los estudiantes para frenar la LOU que el gobierno de Aznar quería aplicar y que, efectivamente, aplicó". Además, han destacado que estas manifestaciones contaron en un primer momento con el apoyo del entonces rector de la Hispalense, Miguel Florencio, "que llegó incluso al extremo de decretar un cierre patronal de la Universidad para propiciar una gran manifestación". Sin embargo, añaden, "cuando las modificaciones realizadas por el Gobierno garantizaron su permanencia en el sillón, Florencio dio marcha atrás y rápidamente se propuso a aprobar la aplicación de la LOU en la Hispalense".
Fue en ese contexto, tal y como han argumentado, cuando el 8 de febrero de 2002 se produjo una protesta en el Rectorado de la Universidad de Sevilla "en la que se producen unos hechos que el próximo lunes comenzarán a juzgarse". Estos hechos, según el fiscal, se sucedieron sobre las 10,00 horas de aquel 8 de febrero cuando un grupo de jóvenes entró en el Rectorado portando "palanquetas y barras de hierro" y "vociferando en actitud amenazante". Una vez allí, "utilizando las palanquetas y barras que portaban forzaron una primera puerta, causándole grandes desperfectos", tras lo que "golpearon indiscriminadamente a los vigilantes jurados de la Universidad".
Para el Ministerio Público, estos hechos son constitutivos de un presunto delito de desórdenes públicos, por el que solicita un año de prisión para cada uno de los participantes, mientras que también los acusa de tres presuntas faltas de lesiones.
La Red de Apoyo a los estudiantes Anti-LOU, por su parte, consideran que durante estos diez últimos años "estas 24 personas y el colectivo que las apoya han vivido en primera persona una dura campaña de criminalización política en la que han participado distintas instituciones". De hecho, según apuntan, la US "llegó a expulsar a cinco estudiantes amparándose en un Reglamento Disciplinario del año 1954" y en el juicio del lunes "comparecerán como acusados tres personas que no participaron ni lo más mínimamente en los hechos que se juzgan y que, sin embargo, gracias a los informes político-criminalizadores que emitió la Brigada de Información de la Policía Nacional, siguen en el proceso judicial".
