La Guardia Civil ha informado de que la investigación sigue abierta sin descartar futuros arrestos o imputaciones y de que entre los detenidos están el exalcalde socialista de Alcaucín (Málaga) y concejal independiente José Manuel Martín Alba, funcionarios, un abogado y un promotor inmobiliario.
Entre los arrestados hay un funcionario del Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación de Málaga; dos exfuncionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga; el exsecretario municipal de Alcaucín y un arquitecto de la Diputación malagueña, el exjefe adjunto de Arquitectura José Francisco Mora.
A los detenidos se les imputan, entre otros delitos, varios de cohecho, falsificación de documento público, falsificación de certificado emitido por facultativo, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y estafa.
Desde primera hora de hoy se desarrollan por esta operación registros en varios puntos de la capital, en el caso del Patronato de Recaudación para acreditar la comisión de los referidos delitos y también presuntamente de otros como blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación.
Esta operación, denominada "Tristán" por el instituto armado, se inició hace más de un año y en la investigación ha colaborado personal de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Los registros han alcanzado también a la Gerencia Territorial del Catastro, un bufete de abogados y domicilios de los arrestados.
Según la Guardia Civil, funcionarios del Catastro y del Patronato de Recaudación -coordinados por un abogado- "modificaban las bases de datos del Catastro con la finalidad de introducir información falsa o cuando menos engañosa, dando de esta manera cobertura legal a la construcción de edificaciones sobre suelo no urbanizable".
"A cambio de estas presuntas irregularidades de las bases de datos catastrales varios de los funcionarios habrían recibido comisiones ilegales", indica un comunicado del instituto armado.
La investigación, que está bajo secreto de sumario, la desarrolla el Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga y de la Fiscalía Anticorrupción de Málaga.
Esta operación se enmarca en una pieza separada del "caso Arcos" que aún continúa secreta.
El llamado "caso Arcos" contra la corrupción urbanística en Alcaucín que instruye el mismo juzgado llevó a la cárcel hace tres años al exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín y al arquitecto José Francisco Mora, que quedaron posteriormente en libertad bajo fianza de 120.000 euros cada uno y ahora están de nuevo arrestados.
El caso Arcos, que suma 55 imputados, destapó en febrero de 2009 una trama que presuntamente construía y legalizaba casas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la comarca de la Axarquía.
El sumario del caso Arcos apunta a una "red de corrupción político-empresarial" en Alcaucín más que a "meros ilícitos relacionados con la ordenación del territorio".
Operación "Arcos", tres años de investigación y medio centenar de imputados
La operación "Arcos" que investiga la construcción de viviendas en suelo no urbanizable en Alcaucín (Málaga) comenzó el 27 de febrero de 2009 con la detención del entonces alcalde, el socialista José Manuel Martín Alba, y de otras doce personas, entre ellas dos de sus hijas, y suma hasta ahora casi medio centenar de imputados.
En relación con este caso, que instruye la titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón, han sido detenidos hoy por la Guardia Civil al menos siete funcionarios de segundo nivel de la Gerencia del Catastro en Málaga y del Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación.
Martín Alba, alcalde de Alcaucín desde 1991, fue señalado por los investigadores como el principal beneficiario de una red de corrupción político-empresarial que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable, en la sierra malagueña de la comarca de la Axarquía.
El regidor, conocido en su faceta de cantaor flamenco como "Pepe Calayo" y que guardaba 160.000 euros bajo un colchón -"los ahorros de toda una vida", según él- dimitió de su cargo antes de ingresar en prisión el 3 de marzo de 2009.
Fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y permaneció en la cárcel hasta el 5 de junio de 2009, cuando quedó en libertad bajo fianza de 120.000 euros.
También fueron encarcelados entonces el jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña, José Francisco Mora, y los empresarios Francisco Llamas, Manuel Tejada y José Manuel Rico y el familiar de uno de ellos Luis Eduardo Crooke, yerno de Llamas.
Mientras los empresarios quedaron en libertad bajo fianza, Mora permaneció en prisión más de dos meses, hasta que en mayo de 2009 la juez decretó su libertad bajo fianza de 120.000 euros.
Tres años después de la apertura del sumario, la instrucción continúa y la jueza mantiene el secreto de sumario de una de las nueve piezas separadas abiertas del caso.
El principal imputado, el exalcalde José Manuel Martín Alba, volvió a la corporación municipal tras las últimas elecciones locales, como cabeza de lista del Partido Independiente Sierra Tejeda (PITA).
