Judith Sáiz, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda, que se ocupa del caso Acinipo, ha señalado la “sobrecarga de trabajo” que existe en “los órganos judiciales mixtos” para justificar lo que ha calificado como “una irregularidad procesal” en la instrucción. A través de un auto, la jueza emplea estos términos para explicar por qué las partes no han recibido mensualmente, como es preceptivo, las prórrogas del secreto sumarial, algo que llevó a uno de los imputados, en concreto al ex alcalde Antonio Marín Lara, a solicitar la nulidad de las actuaciones entre el 5 de octubre de 2011 y el 29 de febrero de 2012 así como desde el 29 de marzo de ese año y el 27 de septiembre.
En el citado auto, la jueza desestima dicha solicitud alegando que los errores no son “esenciales” en el procedimiento ni han provocado indefensión entre los encausados: “Ninguna indefensión se produjo a las partes”, reza textualmente el auto, donde la jueza asegura además que las partes siempre han tenido conocimiento del secreto sobre las actuaciones. La magistrada acude además a resoluciones del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional “que no entienden necesario repetir una y otra vez los mismos argumentos jurídicos cuando estos ya han sido expuestos en resolución anterior y los mismos no han variado con el transcurso de la investigación”.
La jueza, con todo, admite a renglón seguido que “los autos debieron ser notificados inmediatamente” a las partes, y es entonces cuando alega que se haya producido “tal irregularidad procesal, motivada por la sobrecarga de trabajo”.
EL SECRETO DE SUMARIO
La práctica totalidad de los implicados en el caso Acinipo han solicitado en los últimos tiempos el levantamiento del secreto que sigue pesando sobre buena parte de las investigaciones, a través de sendos recursos. La Audiencia Provincial llegó a desestimar uno de los recursos de interpelación, en concreto el presentado por la defensa del ex concejal Rafael Lara, confirmando la necesidad de mantenerse dicho secreto.
Los imputados entienden que las sucesivas prórrogas de un sumario que empezó a instruirse en 2009 provocan una vulneración del derecho a su defensa. Uno de los recursos, presentado el pasado 5 de junio, llega a rebatir que concurran en la instrucción circunstancias especiales y a poner en duda la gravedad de los delitos a la que se refiere en uno de sus autos la jueza.
