El primer ministro británico, David Cameron, sopesa este fin de semana la composición de su Gobierno para una legislatura en la que se propone renovar la relación del Reino Unido con la Unión Europea (UE), mantener la recuperación económica y abordar una reforma de la autonomía escocesa.
Los conservadores lograron este jueves contra pronóstico su primera mayoría absoluta desde 1992 y gobernarán en solitario tras cinco años de coalición con los liberaldemócratas, que dejan diversos ministerios vacantes.
Cameron relevará como jefe del Tesoro a Danny Alexander, que abandona el Gobierno y también el Parlamento, al no haber logrado revalidar su escaño en unas elecciones aciagas para los liberaldemócratas, que perdieron 49 de sus 57 diputados.
Queda fuera asimismo de la Cámara de los Comunes Vincent Cable, hasta ahora ministro de Empresa, y dejan sus cargos los también liberaldemócratas Edward Davey, ministro de Energía y Cambio Climático, y Alistair Carmichael, ministro para Escocia.
El relevo de Carmichael será especialmente relevante en una legislatura en la que el Partido Nacionalista Escocés (SNP), mantendrá 56 escaños en el Parlamento británico, un peso inédito para una formación que hasta ahora contaba con seis diputados.
El SNP, que estará liderado en Westminster por el exministro principal escocés Alex Salmond, presionará al Ejecutivo conservador para traspasar nuevas competencias al Parlamento autónomo de Holyrood (Edimburgo), tal como se comprometió a hacer Cameron durante la campaña para el referéndum sobre la independencia de Escocia del pasado septiembre.
El primer ministro aseguró poco después de conocer el resultado electoral que aspira a que Escocia cuente con un sólido Gobierno autónomo "con importantes poderes en materia fiscal", al tiempo que subrayó que "ningún acuerdo constitucional estará completo si no ofrece también un trato justo a Inglaterra".
Algunos de los frentes más relevantes abiertos en esta legislatura serán responsabilidad del núcleo duro del Gobierno de Cameron, que ayer fue ratificado por el "premier" conservador.
Es el caso del ministro de Economía, George Osborne, que ha liderado el plan para reducir el déficit del Reino Unido y que ejercerá de "número dos" de Cameron como primer secretario de Estado, un puesto equivalente al de viceprimer ministro, que hasta ahora ocupó el liberaldemócrata Nick Clegg.
También se mantiene en su puesto el responsable de Exteriores, Philip Hammond, un político de perfil euroescéptico que conducirá las arduas negociaciones entre Londres y Bruselas que se esperan para los próximos meses.
Cameron aspira a renegociar la relación del Reino Unido con la UE en materias como inmigración y justicia antes de convocar, previsiblemente en 2017, un referéndum sobre la salida del país del bloque comunitario.
La lucha contra el auge del extremismo religioso continuará a cargo de Theresa May, que desde el ministerio del Interior ha promulgado en la última legislatura leyes para tratar de frenar el regreso al Reino Unido de ciudadanos británicos radicalizados tras haber luchado en Oriente Medio con grupos yihadistas como el Estado Islámico (EI).
En Defensa, Michal Fallon, nombrado en julio, continuará dirigiendo la contribución británica a la operación internacional contra el yihadismo en Siria que inició Estados Unidos el pasado verano.
El resto de carteras se conocerán durante la próxima semana, antes de que el 18 de mayo la Cámara de los Comunes se reúna por primera vez esta legislatura.
Se espera que Cameron aprovechará el tirón de su éxito electoral para sacar adelante en los primeros meses del mandato algunas de sus propuestas más polémicas, en particular aquellas que quedaron bloqueadas el pasado curso parlamentario por los ministros liberaldemócratas.
Los conservadores podrían reavivar durante los próximos meses una medida para reducir las circunscripciones británicas de 650 a 600, un movimiento que, según los analistas, aseguraría cerca de 20 asientos más a los conservadores en unas elecciones generales.
En las próximas semanas se espera también que Cameron detalle su plan para recortar 12.000 millones de libras adicionales (16.560 millones de euros) del sistema de prestaciones sociales.
